Según la ONU, la justicia social se fundamenta en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, trascendiendo el concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es indispensable para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para alcanzar una sociedad en paz.

La justicia social no solo constituye un imperativo ético, sino que también es la base que sostiene la estabilidad nacional y la prosperidad global. La igualdad de oportunidades, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos son fundamentales para aprovechar plenamente el potencial productivo de las naciones y sus ciudadanos.

En la Constitución de Colombia se establece que: «todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica».

A lo largo de la historia, las organizaciones y los estados han buscado promover la justicia social para fomentar el desarrollo equitativo, inclusivo y justo. Sin embargo, es crucial reconocer que la misma sociedad contribuye a la construcción del estado social de derecho, donde cada persona juega un rol en la edificación de la justicia social.

Las interacciones humanas están basadas en un proceso de integración social, donde cada individuo busca alcanzar un estado de bienestar que le permita formar parte de una sociedad más equitativa. Sin embargo, la búsqueda constante de mejoras individuales puede alejarnos de una verdadera equidad social. La falta de oportunidades y la desigualdad económica impiden alcanzar una igualdad plena entre los seres humanos.

Frecuentemente, se piensa en la justicia social como la satisfacción de necesidades básicas como alimentos, vestimenta y vivienda, tanto para uno mismo como para sus seres queridos. No obstante, es fundamental recordar que más allá de esto, la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos son elementos clave para la realización de la justicia social. Esto implica establecer un equilibrio donde, aunque existan diferencias económicas, todos los individuos puedan disfrutar de una vida estable y satisfactoria.

En la búsqueda de una sociedad justa y equitativa, el papel del estado es crucial. Es el responsable de promover y asegurar una verdadera equidad social para todos sus ciudadanos, abordando conceptos fundamentales como la equidad en oportunidades y la equidad en la socialización del conocimiento.

La equidad social no se limita simplemente a la igualdad superficial, sino que implica proporcionar a cada individuo las condiciones necesarias para desarrollar su potencial sin importar su origen social, económico o cultural. Es un imperativo moral y una condición indispensable para el desarrollo sostenible y la cohesión social.

La equidad en oportunidades se refiere a garantizar que todos los individuos tengan acceso igualitario a recursos cruciales como la educación, la salud, el empleo y la participación cívica. El estado juega un papel fundamental en la creación de políticas públicas que aseguren que ninguna persona sea limitada en sus aspiraciones por factores externos.

Uno de los pilares principales para garantizar la equidad en oportunidades es la educación. El estado debe invertir en sistemas educativos inclusivos que no solo provean acceso universal a la educación, sino que también aseguren que la calidad de la misma sea consistente en todas las regiones y estratos sociales. Programas de becas, acceso a tecnología educativa y apoyo a estudiantes en situación vulnerable son algunas estrategias efectivas.

Garantizar igualdad de acceso al mercado laboral es otra faceta crucial de la equidad en oportunidades. Políticas que promuevan la no discriminación en la contratación, la formación profesional accesible y el apoyo a emprendedores de sectores desfavorecidos son esenciales para asegurar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad real de contribuir y prosperar económicamente.

Además de la igualdad de oportunidades, la equidad en la socialización del conocimiento implica asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a información, cultura y tecnología. En la era digital, esto se traduce en políticas que promuevan la alfabetización digital, la accesibilidad a internet y la preservación y promoción de la diversidad cultural.

El estado debe trabajar para reducir la brecha digital mediante la implementación de políticas que aseguren que incluso las comunidades más remotas y desfavorecidas tengan acceso a infraestructuras tecnológicas y a la educación digital. Esto no solo promueve la igualdad de oportunidades económicas, sino que también fortalece la democracia al permitir que todos los ciudadanos participen plenamente en la vida cívica y cultural.

Fomentar una cultura de participación activa en la vida comunitaria y política es esencial para la equidad en la socialización del conocimiento. El estado debe apoyar iniciativas que promuevan la diversidad cultural, el acceso a las artes y la preservación del patrimonio cultural. Esto no solo enriquece la experiencia humana, sino que también fortalece el tejido social al reconocer y valorar la contribución única de cada individuo y comunidad.

En conclusión, el estado tiene la responsabilidad y el deber moral de promover y asegurar una verdadera equidad social para todos sus ciudadanos. Al abordar la equidad en oportunidades y en la socialización del conocimiento, no solo se construye una sociedad más justa y cohesionada, sino que también se sientan las bases para un desarrollo humano sostenible y equitativo. Es mediante el compromiso continuo con estas metas que podemos aspirar a un futuro donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, contribuyendo así al bienestar colectivo y al progreso de la humanidad.

Mientras la sociedad siga considerando la justicia social como un estado exclusivamente material, olvidando la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos, se perpetuarán las desigualdades sociales. Es esencial reconocer que todos somos parte de una sociedad que debe trabajar unida para construir estas oportunidades sin distinciones basadas en clase social, raza, ideología, credo u otros factores. Siendo el estado un impulsador y generador para construir las oportunidades de desarrollo social.

Por tanto, creemos que es crucial una acción conjunta donde los individuos de diferentes estatus económicos puedan ser reconocidos como iguales en su humanidad, donde el estado genere políticas públicas que garanticen a todos las mismas oportunidades. Debemos abandonar la creencia de que la carencia es resultado de la privación causada por otros o el temor a perder lo que se tiene.

Consideramos que los esquemas de políticas públicas y programas basados el asistencialismo social o transferencias monetarias no condicionadas no promueven la equidad, la inclusión ni la justicia social como motores de desarrollo. Por el contrario, ha ampliado la brecha entre los miembros de la sociedad en Colombia, alejándolos unos de otros y sin beneficiar a ninguno. Desde lo técnico, dichos esquemas hacen difícil la medición de progreso y el impacto real en el tiempo de los recursos entregados, ya que en diversos ejercicios el fin de los recursos termina siendo en productos y servicios no esenciales, lo que no genera un cambio situacional de la población receptora y por ende un gasto ineficiente para el estado o la organización al frente de la implementación.

Somos conscientes de la profunda división social en nuestro país, exacerbada por las políticas estatales. Por ello, creemos que promover oportunidades para todos fomentará una mayor equidad, igualdad e integración social. Para lograrlo, es fundamental trabajar en colaboración con empresarios, generadores de empleo, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, emprendedores, líderes sociales y la población en general para reconstruir relaciones y construir una sociedad inclusiva.

Todos somos parte de un modelo de justicia social que podemos construir juntos, mejorando los servicios de salud, educación, servicios públicos, capacitación y urbanismo sostenible. Debemos desarrollar programas y políticas sociales que ofrezcan oportunidades equitativas para todos, apoyando el desarrollo empresarial y emprendedor, fomentando la integración de las diferentes comunidades étnicas y sociales, fortaleciendo y promoviendo políticas estatales que refuercen la justicia social y la igualdad de oportunidades.

«No se trata de crear algo nuevo, sino de mejorar lo existente y hacerlo de manera efectiva, donde todos contamos como individuos que tenemos las mismas oportunidades humanamente. Solo hay que aprovecharlas y hacer que estas sean en beneficio propio y de los demás, generando confianza en conexiones correctas donde podamos dejar de lado los prejuicios, las diferencias y lo que como sociedad nos ha generado tanto mal: la injusticia social.»